La Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) no necesita órdenes judiciales para colectar información informática, incluidas direcciones IP de particulares. Así lo ratificó un juzgado del estado de Virginia al desestimar una demanda de un procesado dentro de una causa penal contra la difusión de pornografía infantil (caso Playpen).
El sospechoso, Edward Matish, alegó que las pruebas en su contra habían sido obtenidas ilegalmente y acusó al Gobierno de acceso "anticonstitucional" a su computadora privada. Hizo referencia a la Cuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que provee protección contra pesquisas arbitrarias.
Los 'federales' contaban con la autorización necesaria para acceder al servidor desde el cual se distribuía la pornografía ilegal. Instalaron un 'malware' en el servidor y, en vez de cerrarlo, lo operaron durante un tiempo en 2015 desde una instalación bajo su control, lo que les permitió identificar las direcciones IP y los sistemas operativos de un total de 137 clientes.
El juzgado calificó la demanda de infundada "porque el Gobierno no necesitaba una autorización en este caso", cita el sitio web de la fundación Electronic Frontier. Matish no podía esperar ningún respeto a la privacidad de su dirección IP cuando visitó un sitio web que contenía pornografía infantil, sostiene el veredicto. "Mirar a través de una rendija de una persiana cerrada", según se expresó el juez, no viola la Cuarta enmienda.
"La decisión es, como mínimo, una mala noticia para la privacidad", señaló la mencionada fundación. La preocupación principal de este grupo defensor de los derechos de los internautas es que el fallo suponga un precedente peligroso para que los cuerpos de seguridad "sean libres de buscar e interceptar a distancia la información de un ordenador sin ninguna autorización, sin una causa concreta y sin ni siquiera una sospecha".