La Comisión Federal para las Comunicaciones (FCC) reguló en 2015 la neutralidad de la red, aprobando una serie de medidas radicalmente opuestas a las demandas de las compañías proveedoras de Internet. Barack Obama apostó parte de su capital político en defensa de esta máxima del Internet libre, ganándose las críticas de la mayoría republicana del Senado, las empresas más importantes del sector de las telecomunicaciones y del propio Donald Trump.
El magnate, nuevo presidente, comparó las Leyes sobre la Neutralidad de la Red con otras que garantizan el equilibrio informativo en la información política que ofrecen distintos medios de comunicación, algo aberrante desde su punto de vista.
Ted Cruz, una de las estrellas republicanas, llegó a bautizar estas leyes como “el Obamacare de Internet”. Es una referencia un bloque legislativo que garantiza el acceso a un seguro sanitario a todos los ciudadanos, algo que no gusta nada a los políticos más conservadores. Es suficiente para hacerse una idea de hasta qué punto aborrecen el sector republicano la limitación del poder de las telecos.
En ningún momento de su campaña, el final de la neutralidad de la red ha sido una promesa de Donald Trump.
No obstante, pese a no estar entre sus propuestas, es bastante probable
que aborde el problema. Sin ir más lejos, en el equipo encargado de la
transición al nuevo ejecutivo podría estar Jeffrey Eisenach, conocido
lobbista que ha llegado a cobrar de Verizon, una de los mayores
operadores de EEUU.
Como carta de presentación, el equipo que rodea al nuevo presidente no puede inclinarse más en contra de la neutralidad de Internet.
Con mayoría republicana en ambas cámaras, todo parece señalar que, de
intentarlo, Trump no tendría ningún problema en eliminarla de un
plumazo, al menos en Estados Unidos. Sin embargo, aunque de forma
directa no afecte al resto del mundo, que la mayoría de los gigantes
tecnológicos tengan sede en este país podría afectar indirectamente.
Mientras tanto, en otros países se producen debates similares.
Las compañías que proporcionan las infraestructuras de conexión a
Internet creen que es injusto que otras se beneficien económicamente de
su utilización sin tener que pasar por caja. De momento no han
conseguido forzar una legislación totalmente a su favor.