Los detalles y entresijos del fin del roaming son tantos que merecen una explicación minuciosa. Aquí te explicamos cómo va a ser la integración entre las tarifas de los países europeos y los problemas que pueden surgir en los próximos meses.
Entre estos problemas está la aparición de los llamados Fake Roamers, una figura negativa que pondría en peligro la estabilidad de las redes en países turísticos, además del bolsillo de los consumidores. Hay gente que se pregunta si podrá contratar Internet en otro país de la UE y consumirlo en España. La respuesta es un rotundo depende.
Los Fake Roamers han aparecido por primera vez en un informe de la Consultoría Altran, que analiza el impacto negativo del coste cero del roaming para el mercado español. Estos usuarios son aquellos que, contratando una tarifa móvil en un tercer país, siempre viven en otro distinto y hacen uso de ella en él.
En teoría no ha sido declarada abiertamente ilegal, al menos de momento. Nada impide a una operadora rumana captar clientes en Holanda ofreciendo precios más bajos que la media del mercado. Al fin y al cabo, serían las operadoras holandesas las que pondrían las redes necesaria para proporcionar internet a todos, con coste cero para la compañía de Rumanía.
El límite para esta práctica es la aportación económica regulada que la operadora rumana tendría que hacer a la holandesa. La UE ha estipulado que por cada giga consumido por sus usuarios en el extranjero, la operadora con la que tiene contrato debe aportar 7,70€.
¿Qué
tiene que hacer esta compañía para ganar dinero? Aprovechar la
diferencia entre esos 7,70€ y el precio que tendría ese mismo GB en
Holanda. Por ejemplo, si el giga de datos en Holanda
estuviera a 10€, la operadora rumana podría cobrar a sus clientes 8,50€
por cada uno y ganar 80 céntimos sin tener que poner la infraestructura para prestar el servicio.
Es
poco dinero, pero si tenemos en cuenta el potencial para captar
clientes, se convertiría en mucho. Además el decreto del fin del roaming
recoge la paulatina caída de la aportación económica desde los 7,70€
hasta 2,50€ en el año 2022. Poco a poco el negocio de los fake roamers
se hará más rentable si la ley no se lo impide.
¿Pueden las operadoras evitar este abuso?
La
ley por la que el roaming pasa a la historia estipula también sanciones
para los que hagan un uso abusivo de las redes de datos de otros
países. Hay compañías como que ya han advertido de los costes
adicionales a partir de un número de megas consumidos, aunque se puede
dar el caso de que la operadora no quiera sancionar a sus usuarios.
Es muy probable que los fake roamers y sus operadoras intenten aprovechar el vacío legal
para obligar a compañías de otros países a prestarles sus
infraestructuras y redes de forma ilimitada. Por el momento no hay forma
de impedirlo.
Este es el principal motivo por el
que España se posicionó desde el primer momento en contra de esta
iniciativa Europea. Las empresas prestatarias del servicio a nivel
nacional estipulan que el precio regulado por el GB debería ser más alto
para evitar prácticas fraudulentas como la del fake roaming.
Los clientes España y otros países turísticos, los perjudicados
No todo va a ser bonito. El fin del roaming tiene en España una consecuencia muy directa: la subida de precio de las distintas tarifas, prácticamente aplicable a todas las compañías telefónicas.
Al
igual que otros países del sur de Europa como Portugal o Italia, el
flujo de turistas hacia nuestro país es mucho mayor que hacia otros del
norte. Particularmente en veranos son millones de personas las que
aterrizan en la Península y, por lo tanto, se conectan a las redes
móviles nacionales.
El
fin del roaming significa que millones de nuevas líneas entrarán de
golpe a hacer uso de las antenas y frecuencias totalmente gratis o con
un tope de 7,7€ por GB utilizado, insuficiente según las declaraciones
de varias operadoras.
El impacto en la estabilidad del servicio se empezará a notar en breve,
a medida que avance el verano. Más allá de posibles caídas del
servicio, parece que con fake roamers o sin ellos, los clientes de los
países turísticos van a notar el cambio en su factura. Todo parece
indicar que serán los clientes con contrato en vigor los que asumirán el
impacto económico de esta medida impulsada por la UE.
